Este jueves, Bruselas está debatiendo un proyecto de ley del Acelerador Industrial que obligaría a los contratos de contratación pública a dar preferencia a los productos con la etiqueta «Hecho en Europa». Esta normativa, presentada por la Comisión Europea en marzo, se dirige a tecnologías con cero emisiones netas, como las fotovoltaicas, las turbinas eolicas y las baterías, así como a las nucleares, automovilísticas, del acero, del cemento, del hormigón y de productos químicos.
La ministra de Economía alemana, Katherina Reiche, dijo en una reunión de ministros de Competitividad en Bruselas que la etiqueta debería decir «Hecho con Europa», lo que permitiría a los países socios –Noruega, Suiza y Canadá– cumplir los requisitos. Dinamarca, la República Checa y Luxemburgo mostraron su apoyo a la postura alemana.
El ministro de industria de Francia, Sébastien Martin, respondió que "Europa" debía referirse exclusivamente a los 27 Estados de la UE, argumentando que los fondos públicos debían fluir exclusivamente a la industria europea. Destacó que cualquier acuerdo con Suiza debe alcanzarlo en primer lugar entre los Estados miembros de la UE.
Polonia, Rumanía y España propusieron una definición sectorial. El ministro de Industria de España, Jordi Hereu, describió un mecanismo de tres niveles: el primer nivel abarcaría la UE-27, el segundo incorporaría a los países del EEE y a socios de confianza, como Suiza, y el tercer nivel incluiría a los países con acuerdos de libre comercio o de otro tipo.
El secretario de Estado polaco de Economía, Michal Baranowski, advirtió de que las normas no deben crear «pesadillas burocráticas» para las empresas.
La Secretaría de Estado para los Asuntos Económicos de Suiza (Seco) está monitoreando atentamente las conversaciones, insistiendo en que las empresas suizas no deben verse perjudicadas. Funcionarios de la Seco se han reunido con representantes de la UE en Irlanda y Bruselas, y prevén realizar una visita con una delegación a París a comienzos de septiembre para debatir las medidas de competitividad y resistencia de la UE.
El Reino Unido, coincidiendo con las preocupaciones de Suiza, planteó el problema a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en Nueva York.
El Consejo de los Estados miembros de la UE deberá adoptar una postura sobre la propuesta antes de la próxima reunión del Consejo de Competitividad, que se celebrará el 3 de diciembre y que estará presidida por Irlanda, que ostenta la presidencia del Consejo hasta finales de año. El Parlamento Europeo formulará entonces su opinión, después de lo cual el Consejo y el Parlamento negociarán un texto final.
