El gobierno del Reino Unido está procediendo con medidas de sanción completas contra los asentamientos israelíes en la Cisjordania ocupada, pese a las advertencias de funcionarios estadounidenses de que estas medidas tendrán consecuencias económicas para las empresas británicas.
El ministro de Exteriores, Ed Miliband, anunció el martes ante el Parlamento que el Reino Unido prohibirá las importaciones procedentes de asentamientos israelíes construidos en tierra reconocida internacionalmente como territorio palestino. Se calcula que las sanciones entrarán en vigor en un plazo de seis a nueve meses.
"Hoy anuncio que la visión oficial del Gobierno británico es que la ocupación de Cisjordania es ilegal", dijo Miliband a los diputados."El Gobierno cree que la ilicitud de la ocupación debe reflejarse en las relaciones económicas que decidamos mantener con los territorios ocupados".
Miliband dijo que el gobierno británico había concluido que estaba teniendo lugar una depuración étnica de los palestinos en zonas de la Ribera Occidental, "cometida por terroristas colonos", y acusó al gobierno israelí de mirar hacia otro lado o, en algunos casos, de apoyar activamente el desplazamiento.
Según el nuevo régimen, el Reino Unido se centrará en empresas y personas concretas que ofrecen servicios de construcción, infraestructuras o financiación para la expansión inmobiliaria de los colonos. El Reino Unido también prohibirá la publicidad relacionada con los asentamientos. Miliband subrayó que el Reino Unido continuará comerciando con Israel en sí, "justo porque apoyamos la solución de dos estados, incluyendo la seguridad y la prosperidad de Israel".
El Gobierno también ha ampliado las restricciones a la exportación de armas. El Reino Unido rechazará todas las solicitudes de licencias para armas y otros bienes y servicios «que contribuyan materialmente a la ocupación», una medida que Miliband denominó un «doble bloqueo de las ventas de armas». Esta medida se produce después de la suspensión, la semana pasada, de más de 30 licencias de armas utilizadas por el Ejército de Defensa de Israel en Gaza.
Poco después del anuncio, Israel cerró el consulado británico en Jerusalén. El ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Saar, acusó al Gobierno británico de «trabajar sistemáticamente contra el Estado de Israel», y doce políticos británicos fueron prohibidos de entrar en Israel.
Los funcionarios estadounidenses se moveron rápidamente para advertir contra esta política. El secretario de Estado Marco Rubio afirmó el martes que "obviamente no vamos a hacer lo que hizo el Reino Unido", y agregó que las sanciones podría socavar los avances en Gaza, el plan de 20 puntos y la Junta de Paz. El embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, informó a la BBC que Washington respondería y que esta medida podría tener "un gran impacto económico sobre las empresas británicas", lo que podría impedirles hacer negocios en varios estados de los Estados Unidos.
En Florida, el representante Randy Fine invocó la ley del estado contra la contratación con empresas escrutinadas, advirtiendo que las empresas británicas obligadas a cumplir con las sanciones podrían ser prohibidas para hacer contratos con cualquier entidad gubernamental estatal o local. Florida es uno de los mayores socios comerciales de Gran Bretaña. Texas, Nueva Jersey y Alabama también tienen normativas contra la BDS en vigor. En 2019, Airbnb fue incluido en la lista de empresas escrutinadas de Florida después de eliminar cerca de 200 anuncios de alojamiento en la Ribera Occidental, con lo que finalmente suspendió esta política y fue eliminado de la lista.
La administración de Trump se ha antepuesto previamente a las acciones europeas sobre Israel. El año pasado, el Departamento de Estado calificó de "muy preocupante" que el fondo de riqueza noruego, que tiene un valor de 2 billones de dólares, se retirara de Caterpillar y de cinco bancos israelíes por cuestiones relacionadas con la violación de los derechos que se atribuyen al conflicto, describiendo esa medida como "basada en planteamientos ilegítimos contra Caterpillar y el Gobierno israelí". Durante el verano, la embajada de EE. UU. en Irlanda avisó de que la nueva prohibición europea de importación de asentamientos "corre el riesgo de producir consecuencias no deseadas" para casi 1.000 empresas estadounidenses que operan en Irlanda, exhortando a Irlanda a que no siguiera medidas similares a nivel de la UE.
Miliband había dicho previamente que la reciente publicación por parte de Israel de licitaciones para la colonia E1 en Cisjordania era «el paso por una línea roja», y le dijo a los legisladores la semana pasada: «Los asentamientos israelíes son ilegales según el derecho internacional. Este Gobierno no consentirá la destrucción de la solución de dos estados: actuaremos».
