El gobierno francés se está preparando para establecer un objetivo de déficit para 2027 en las próximas semanas, ya que se enfrenta a un bajo crecimiento económico, gastos de emergencia relacionados con las olas de calor y una crisis energética que ya ha desviado el déficit del camino previsto.
El primer ministro, Sébastien Lecornu, dirige una administración en minoría que debe presentar un proyecto de presupuesto al Parlamento antes del 6 de octubre. Con los instrumentos constitucionales de la Quinta República bajo tensión, el gobierno se ha basado en el artículo 49.3 para aprobar los presupuestos sin sometimiento a votación desde las elecciones anticipadas de 2024, que produjeron un Parlamento en situación de cuasi-paralización. Los partidos de la oposición pueden responder con mociones de falta de confianza, lo que obliga a hacer concesiones para evitar el colapso.
Si no se aprueba un presupuesto antes de finales de año y no se invoca el artículo 49.3, los funcionarios podrían aprobar una breve ley de emergencia para renovar el presupuesto de 2026 hasta después de las elecciones presidenciales previstas para abril-mayo de 2027. Un informe del Ministerio de Hacienda advirtió que este escenario provocaría una "parálisis presupuestaria sin precedentes", congelando los aumentos previstos en el gasto en defensa e inversión mientras los costes del bienestar social siguen aumentando. El informe también proyectó una potencial ampliación del déficit de al menos un punto porcentual, una medida que podría erosionar la confianza de los inversores y aumentar los costes de endeudamiento.
Una opción más extrema—aprobar el presupuesto por ordenanza—puede dejar al Parlamento completamente fuera del proceso. Los expertos legales describen esta posibilidad como una "opción nuclear" sin precedentes para la Quinta República, que muy probablemente desencadene una moción de censura. A diferencia del artículo 49.3, la caída de un gobierno no invalidaría automáticamente un presupuesto aprobado por ordenanza, aunque probablemente se produciría un gran tumulto político.
El trabajo sobre el presupuesto de 2028 ya está programado para comenzar, incluso mientras que el presupuesto de 2027 sigue sin ser resuelto, lo que subraya la mayor incertidumbre fiscal con que se enfrenta Francia en el camino hacia las elecciones del próximo año.
