El Consejo de los Estados suizo (Ständerat) votó el miércoles por 33-10 con 10 abstenciones para exigir a UBS que cubra sus filiales extranjeras con un fondo de capital propio de 90 %, un estándar notablemente más estricto que el propuesto anteriormente y que intensifica las decisiones económicas a las que se enfrenta el centro financiero de Suiza.
La ministra de Finanzas, Karin Keller-Sutter, consiguió un resultado que superó las expectativas. La Comité Consultivo de Asuntos Económicos (WAK-S) había recomendado previamente una división más moderada: el 50 % de capital básico y el 50 % de capital adicional estructurado como instrumentos AT1.
El debate en la cámara alta se fue tornando cada vez más acalorado. El presidente de WAK-S, Erich Ettlin, afirmó que quienes defienden el centro financiero o UBS son retratados en la política y los medios de comunicación como "corruptos, malintencionados o incapaces". Keller-Sutter contribuyó a la polémica cuestionando si un adicional de capital fortalecería a la matriz suiza o, por el contrario, iría a parar a los accionistas a través de dividendos y recompra de acciones, y sostuvo que ese comportamiento no refleja la importancia de la plataforma financiera suiza.
El caso del gobierno se basó en la estabilidad financiera y las enseñanzas del colapso de Credit Suisse en 2023. Keller-Sutter señaló que UBS se beneficia de una garantía de facto del Estado, lo que supone una subvención para los contribuyentes. Reducir la probabilidad de otro rescate es un objetivo político legítimo, pero el voto del Ständerat no resolvió la cuestión de la proporcionalidad. Las normativas de que las entidades financieras sean «demasiadas grandes para fallar» introducidas tras el rescate de UBS en 2008 no impidieron el fallo de Credit Suisse.
El requisito del 90% elevará el capital obligatorio de UBS y hará más costoso el negocio internacional. La propia Keller-Sutter reconoció en el Consejo que el crecimiento en la banca de inversión estadounidense sería más caro. Los bancos no se limitan a absorber los mayores costes de capital; repasan los objetivos de rentabilidad, ajustan los precios de los productos, examinan las inversiones y recortan los gastos. El Consejo Federal sostuvo que, dado que las normas se refieren a filiales en el extranjero, el negocio suizo no tiene que verse perjudicado. Ese aseguramiento justifica la cautela: UBS opera como grupo mundial y, ante una menor rentabilidad en cualquier segmento, la dirección tendrá que reasignar capital y personal hacia los emplazamientos más eficientes. Para un centro financiero costoso como Zúrich, esta es una cuestión decisiva.
En gran parte del debate no se ha mencionado el impacto en el empleo. Los rumores en el mercado financiero local sugieren que hasta 10.000 puestos podrían ponerse en peligro o se podrían trasladar al extranjero bajo el régimen más estricto, con Zurich señalada como especialmente vulnerable. Esta cifra debe ser tratada como una señal de advertencia más que como una previsión precisa, pero sería ingenuo suponer que un aumento sustancial en el costo del capital y los negocios internacionales dejaría las estructuras de costes y el número de empleados intactos. UBS ha señalado su conciencia de su particular papel en la economía suiza durante la integración de Credit Suisse, pero la aritmética económica sigue siendo inevitable.
La estabilidad financiera y la competitividad no necesitan ponerse cara a cara; Suiza necesita ambas. Cabe destacar que muchos diputados de centro-derecha apoyaron la línea más dura, incluidos los miembros del FDP, un partido que ha formado durante mucho tiempo el sector bancario suizo y ha proporcionado a su dirección. No es posible descartar la expectativa de que algunos consejeros del FDP dieran prioridad a apoyar a su ministro federal.
La legislación ahora se dirige al Nationalrat, donde es posible realizar una corrección.
