Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos bloqueó el martes un plan de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) para ampliar las tarifas reducidas de publicidad de televisión a los comités de recaudación de fondos de los partidos políticos y asociaciones.
El Tribunal de Apelaciones del 4to Circuito de los Estados Unidos con sede en Richmond (Virginia) dictaminó por mayoría (2-1) que la FCC carecía de competencia para ampliar la política que desde hace tiempo existe, que actualmente sólo se aplica a candidatos políticos. La mayoría consideró que las leyes de financiación de campañas vigentes no autorizan esos descuentos para partidos o comités con miembros no candidatos, y que la FCC no había mencionado ninguna directriz previa que permitiera este cambio.
El juez J. Harvie Wilkinson discrepó, argumentando que la mayoría había restringido indebidamente la jurisdicción de la FCC antes de que los comisionados pudieran cumplir su mandato congreso. La decisión revierte un cambio de política promovido por la FCC, controlada por los republicanos, bajo la presidencia de Brendan Carr, quien no hizo comentarios de inmediato.
La resolución llega antes del ciclo electoral de 2026, cuando AdImpact prevé que el gasto total en publicidad política en Estados Unidos llegue a 11,6 mil millones de dólares, incluidos 5,6 mil millones de dólares en televisión de emisión. El cambio de política tenía por objetivo alinear los comités de los partidos con los candidatos para acceder a tarifas de publicidad más bajas durante el período de publicidad más bajo de coste, que comienza el 4 de septiembre.
La comisaria demócrata de la FCC, Anna Gómez, había advertido previamente de que la ampliación «desataría una inundación de dinero de campañas coordinadas en la publicidad televisiva». El grupo Elias Law, que representa a candidatos y comités demócratas, calificó la decisión de «un golpe enorme al Partido Republicano».
El Tribunal Supremo anuló en junio los límites de larga data sobre cuánto pueden coordinarse los comités partidarios con los candidatos federales, una decisión que precedió a la propuesta de la FCC. Este caso pone de manifiesto las disputas legales y regulatorias en curso sobre las normas de financiación de las campañas a medida que se aproximan las elecciones de mitad de mandato.
