Un juez federal de Estados Unidos anuló el viernes una política de la época de Trump que interrumpía la emisión de visas a inmigrantes de 75 países, y dictaminó que el Departamento de Estado había superado sus atribuciones legales.
La jueza del Distrito de los Estados Unidos Jeannette Vargas, de Manhattan, concluyó que la política emitida por el secretario de Estado, Marco Rubio, era "patentemente ilegal" y contraria a la legislación federal en materia de inmigración. En su resolución, la juez Vargas observó que el Congreso había revocado expresamente la autoridad del secretario para la tramitación de solicitudes de visas de inmigración por parte de los oficiales consulares, y que la prohibición categórica basada en la nacionalidad contrastaba directamente con el marco normativo.
La suspensión, anunciada en enero y aplicada posteriormente aquel mismo mes, se aplicó a solicitantes procedentes de países de América Latina, África, Oriente Medio, Asia meridional, los Balcanes y el Caribe. Entre los países afectados se incluían Brasil, Colombia, Uruguay, Bosnia, Albania, Pakistán y Bangladesh.
El Departamento de Estado había justificado la norma argumentando que los solicitantes de estos países corren un alto riesgo de depender de los recursos del gobierno de Estados Unidos después de la entrada. El departamento no respondió de inmediato a las peticiones de comentarios sobre si recurrirá la sentencia.
La demanda fue presentada por la Catholic Legal Immigration Network, African Communities Together, solicitantes individuales de visas de inmigración, y ciudadanos de los EE. UU. que patrocinan a miembros de sus familias procedentes de los países afectados. La sentencia elimina la suspensión categórica, aunque los solicitantes siguen sujetos a un control individual estándar y a los requisitos de elegibilidad para las visas de inmigración estadounidenses.
