El conglomerado con sede en Hong Kong, CK Hutchison, ha presentado una demanda de arbitraje solicitando una indemnización superior a 1,5 mil millones de dólares tras que el Tribunal Supremo de Panamá anulara sus concesiones portuarias en un conflicto sobre las terminales de Balboa y Cristóbal a lo largo del Canal de Panamá.
Esta demanda surge a raíz de una serie de acciones legales y reguladoras de Panamá, incluida una orden del 2 de febrero del presidente José Raúl Mulino para la ocupación temporal de los terminales. La filial local de CK Hutchison, Panama Ports Company, inició este año acciones legales alegando que estas medidas violaban un tratado de protección de inversiones.
La disputa escaló después de que el Tribunal Supremo de Panamá decidiera en contra de la concesión de CK Hutchison para 2026, citando infracciones de las regulaciones locales. La compañía había anunciado previamente planes en marzo de 2025 de vender 43 terminales globales, incluida aquellas en Panamá, a un consorcio respaldado por BlackRock por más de 19 mil millones de dólares en efectivo. La venta sigue estando pendiente ante el conflicto judicial en curso.
CK Hutchison informó de un impacto de HK$496 millones en su división de puertos debido a las interrupciones en Panamá, a pesar de un crecimiento del beneficio subyacente del grupo del 6,7% y un aumento del 4% del EBITDA subyacente durante el primer semestre. Los terminales en cuestión son nodos críticos en el transporte marítimo mundial, gestionando grandes volúmenes de tráfico de contenedores.
China Cosco Shipping, A.P. Moller-Maersk y MSC están entre las líneas navieras afectadas por la disputa. Beijing ha advertido públicamente a Panamá de las consecuencias derivadas tras la anulación de la concesión, lo que sugiere posibles implicaciones geopolíticas.













