El subsecretario de Finanzas de Brasil, Dario Durigan, dijo el lunes que el Gobierno está evaluando controles más estrictos sobre la incorrecta clasificación de los trabajadores, conocida como “pejotización”, así como un examen más exhaustivo de la imposición fiscal empresarial, como parte de las posibles iniciativas durante un segundo mandato del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Hablando con Agência Estado en el Palácio do Planalto, Durigan subrayó la necesidad de abordar el déficit de seguridad social del país, citando casos en los que hasta un 80% de la fuerza laboral de una empresa trabaja bajo contratos corporativos. Sugirió la contribución obligatoria a la seguridad social para estos trabajadores, con el objeto de garantizar una mayor protección y reducir el desequilibrio fiscal. «Una empresa en la que el 80% de su fuerza laboral esté clasificada como pejotizada podría tener la obligación de contribuir a la seguridad social para igualar las condiciones y proporcionar a esos trabajadores beneficios futuros más seguros», declaró.
Durigan también reiteró el compromiso de la administración de luchar contra los privilegios en el gasto público, y señaló el sistema de pensiones militares como ejemplo. Las propuestas anteriores para ajustar las pensiones militares fueron rechazadas por el Congreso, lo que subraya los desafíos políticos por delante.
Respecto a la fiscalidad corporativa, Durigan describió los planes para revisar los impuestos sobre la remuneración de los empleados (tributação da folha de pagamento) y los intereses sobre el capital propio (Juros sobre o Capital Próprio – JCP), defendiendo mecanismos que den prioridad a la carga fiscal efectiva de una empresa sobre las tasas nominales. «Independientemente del régimen, la contribución efectiva suele ser bastante inferior a la tasa nominal establecida por la ley, y el sistema debe optimizarse y racionalizarse», dijo.
Estos comentarios ocurren con vistas a las elecciones presidenciales de octubre, en las que Lula busca la reelección. Los analistas señalan que las reformas fiscales y laborales siguen siendo cuestiones controvertidas, con posibles implicaciones para las operaciones empresariales y la sostenibilidad fiscal.
