El gobierno de España se prepara a introducir normas más estrictas para los centros de datos como parte de sus esfuerzos por atraer decenas de miles de millones de euros en proyectos de infraestructura relacionados con la inteligencia artificial.
El proyecto de decreto, que se someterá a consulta pública esta semana, se aplicaría a las instalaciones con una capacidad de generación superior a 1 megawatt que aún no están conectadas a la red. Los proyectos ya en etapa de obtención de la licencia tendrían seis meses para cumplir o perder sus derechos de conexión a la red sin penalización.
En virtud de las normas propuestas, los operadores de centros de datos deben estar establecidos en la Unión Europea, y todos los datos y metadatos procesados deben permanecer en el ámbito de la jurisdicción de la Unión Europea. El marco incluye controles reforzados sobre el acceso de terceros países y disposiciones más estrictas para las instalaciones que gestionan datos relacionados con entidades públicas o la seguridad nacional.
Los estándares de eficiencia energética y de uso eficiente del agua estarán en línea con el nivel más elevado de la etiqueta de sostenibilidad que actualmente está en desarrollo por la UE. Los requisitos de energía renovable exigen que al menos el 80 % del suministro energético de una instalación proceda de fuentes renovables durante todas las horas de operación. Además, cada nuevo megavatio de energía consumida debe estar acompañado de un nuevo megavatio de capacidad de energía renovable instalado en los 18 meses anteriores al arranque de la operación, ya sea a través de contratos a largo plazo o de instalaciones en las instalaciones.
El incumplimiento daría lugar a sanciones, incluida la posible pérdida de los derechos de conexión a la red. Estas medidas reflejan el esfuerzo más amplio de España por posicionarse como un centro europeo líder en inteligencia artificial y computación de alto rendimiento, haciendo uso de sus abundantes recursos energéticos renovables y de la tierra disponible.
El gobierno no ha revelado sanciones concretas ni plazos de aplicación más allá de la ventana de seis meses de compliance para los proyectos existentes.
