Un juez surcoreano condena a 15 años de cárcel por fraude de $50 millones en criptomonedas

Un tribunal surcoreano condenó al jefe ejecutivo de la prestamista de finanzas centralizadas (CeFi) Delio a 15 años de prisión el miércoles por estafar activos digitales valorados en aproximadamente $50 millones a más de 1.100 clientes.

La Corte Central del Distrito de Seúl dictaminó que el ejecutivo, identificado por los medios locales como Kim Min-jae, desvió sistemáticamente los fondos de los clientes a cuentas personales y a inversiones de alto riesgo sin autorización. Los fiscales habían solicitado una condena de 20 años, citando la escala y la naturaleza premeditada del esquema, que se extendió desde 2021 hasta 2023.

Delio, que operaba como una plataforma de préstamos de cripto, se presentó como un servicio seguro y regulado para depósitos de activos digitales y generación de rendimientos. Los investigadores encontraron que Kim explotó debilidades en los controles internos para desviar fondos, incluyendo la falsificación de registros de transacciones y la representación engañosa de garantías respaldadas por activos a los clientes.

El caso ha atraído la atención sobre la supervisión de las plataformas CeFi en Corea del Sur, donde los marcos regulatorios para los servicios de activos digitales siguen en desarrollo. La quiebra de Delio en 2023 desencadenó una ola de quejas de clientes y motivó llamados a una aplicación más estricta de medidas de protección de los inversores.

La corte también ordenó a Kim que pagara aproximadamente $50 millones en compensación a los clientes afectados, aunque la ejecución sigue siendo incierta dada la insolvencia financiera del demandado. Los expertos legales destacaron que la sentencia refleja la postura cada vez más dura de Corea del Sur frente a los delitos financieros que involucran criptomonedas, después de una serie de casos de fraude de alto perfil en los últimos años.

La sentencia se produce en medio de esfuerzos más amplios por parte de las autoridades surcoreanas para fortalecer las sanciones para el incumplimiento financiero en el sector de activos digitales, incluido el introducir requisitos de licencia más estrictos para los proveedores de servicios de cripto.